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¿Quiénes son los 2 exfuncionarios de BCS que la Fiscalía busca desaforar?

Foto: Canva.
Por:Ivette Pérez

LA PAZ, Baja California Sur.- Alondra Torres García y Ariel Castro Cárdenas, son los 2 exfuncionarios de Baja California Sur que la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur busca desaforar.

Foto: Tribuna de México.

 

 Así lo solicitó en días pasados, al Honorable Congreso de Estado.

¿Quiénes son Alondra Torres García y Ariel Castro Cárdenas, a quienes se les busca quitar el desafuero?

Alondra Torres García, fungió como sindica municipal durante el periodo 2021-2024 de la XIV Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por el ex presidente municipal, Óscar Leggs Castro, a quien se le adjudica la falta de entrega de becas en este municipio.

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Por su parte, Ariel Castro Cárdenas, fungió dentro de esta misma administración municipal, el cargo de secretario general de Leggs Castro.

Ariel Castro con el diputado local, Sergio Guluarte. Foto: Gobierno del Estado de BCS.

Actualmente, estos ex funcionarios asumen nuevos cargos estatales. Torres García es diputada local por el Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, mientras que Castro Cárdenas se desempeña como subsecretario de Enlace Legislativo y Municipal del gobierno estatal.

¿Qué significa "retirar el desafuero"?

El fuero es una protección especial que tienen los funcionarios públicos. Al solicitar "retirar el desafuero", se elimina la inmunidad con la que cuentan algunas figuras políticas, estén o no estén fungiendo dentro de un cargo público.

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Como es el caso de la ex sindica municipal y el ex secretario general de la antigua administración del Ayuntamiento de Los Cabo.

Alondra Torres, actual diputada local. Foto: Congreso del Estado.

Al retirarse el desafuero de estos ex funcionarios públicos, se les podrá ser juzgados y procesados, en caso de que se confirme su culpabilidad.

¿Por qué delitos se les busca procesar?

Mediante este proceso, se busca realizar acciones legales en su contra, por abuso de autoridad el cual inmiscuye un contrato irregular en Los Cabos.

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Ambos funcionarios se encuentran involucrados en este caso, por simulación de un presunto falso contrato de 14 millones de pesos, que hasta la fecha no ha podido comprobarse.

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