Servidores públicos tienen fecha límite para presentar su Declaración Patrimonial y de Conflicto de Intereses
LA PAZ, Baja California Sur.- El Gobierno del Estado de BCS, a través de la Contraloría General, ha convocado a todos los servidores públicos a iniciar el proceso de llenado de la Declaración Patrimonial y de Conflicto de Intereses.
Así lo dio a conocer Rosa Cristina Buendía Soto, titular de la dependencia, quien destacó la obligatoriedad de este trámite para todos los empleados del gobierno estatal, esto, mientras la actual administración ha sido señalada por más 3 mil millones de pesos sin comprobar.
¿Cuándo es la fecha límite para realizar las declaraciones?
El plazo para el trámite es el 31 de mayo. Buendía Soto informó también que el proceso puede realizarse en la plataforma digital oficial del gobierno: https://contraloria.bcs.gob.mx/Declaranet/.
Y recordó que los servidores públicos deberán modificar su declaración de 2025, utilizando la información del año 2024, para su firma a partir del 1 de mayo.
¿Cuál es el objetivo de la Declaración Patrimonial?
La titular de la Contraloría explicó que la Declaración de Modificación Patrimonial tiene como objetivo permitir que los trabajadores del gobierno estatal informen sobre su patrimonio, con el fin de verificar la congruencia entre los ingresos y egresos.
Esto busca prevenir desvíos de recursos y actos de corrupción, fortalecer la confianza de la ciudadanía, identificar riesgos institucionales y asegurar que los recursos se destinen correctamente para el bienestar social. En un sentido estricto, para evitar casos como los 3 registrados en 2024.
¿Hay transparencia en Baja California Sur?
La funcionaria comunicó que Baja California Sur se ha destacado como el primer estado en proporcionar, información sobre las 102,275 declaraciones patrimoniales y de intereses a través del sistema Declaranet.
El esfuerzo ha dado como resultado la apertura de siete expedientes de evolución patrimonial para investigar posibles casos de enriquecimiento ilícito. La Contralora dijo que estos expedientes surgen cuando se detectan incrementos patrimoniales inexplicables o el uso de bienes y servicios que no pueden justificarse con las remuneraciones oficiales.
Un caso por ejemplo, es el del exjefe de contabilidad del INVI acusado de corrupción por un monto de 55 millones de pesos.
Finalmente, Buendía Soto recalcó que la transparencia y la honestidad en el servicio público son valores que no se construyen de un día para otro, sino con esfuerzo continuo y coordinado entre todos los involucrados.
Cualquier servidor público que tenga dudas o necesite más información puede comunicarse con la Contraloría General a los números 612-12-3-94-00, extensiones 02212 y 02213.
