Demandan a Biden por restricciones al asilo en frontera con México
La orden de Biden, que entró en vigor el 5 de junio, se basa en la misma autoridad jurídica que utilizó la administración de Trump para imponer su prohibición al asilo.
ESTADOS UNIDOS.- La administración de Biden enfrenta su primera demanda por las nuevas restricciones al asilo en la frontera con México. Una coalición de grupos defensores de los inmigrantes liderada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha presentado una demanda contra el gobierno federal por la reciente directriz del presidente Joe Biden que prácticamente suspende las solicitudes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos.
La demanda, que también cuenta con la participación de los grupos activistas Las Americas Immigrant Advocacy Center y el Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES), cuestiona la legalidad de las amplias restricciones impuestas por Biden en la frontera sur. Estas restricciones, que limitan la tramitación de solicitudes de asilo una vez que el número de encuentros con migrantes entre los puertos de entrada alcance los 2.500 al día, han generado controversia y preocupación entre los defensores de los derechos de los inmigrantes.
La orden de Biden, que entró en vigor el 5 de junio, se basa en la misma autoridad jurídica que utilizó la administración de Trump para imponer su prohibición al asilo. Sin embargo, los activistas argumentan que suspender el asilo para los migrantes que no lleguen por un puerto de entrada específico viola la ley federal de inmigración y plantea serias inquietudes sobre el respeto a los derechos de los solicitantes de asilo.
A pesar de las justificaciones del gobierno federal, los activistas están decididos a desafiar estas restricciones y a garantizar que se respeten los derechos de los migrantes en la frontera. La decisión de Biden de limitar el asilo en un intento de desviar las críticas sobre su manejo de la inmigración está siendo puesta a prueba en los tribunales, y se espera que este sea solo el comienzo de una batalla legal en torno a las políticas migratorias de la administración actual.