Bancada perredista logra eliminar abusos de grúas en rutas federales
Hace obligatorio el respeto a las tarifas publicadas en el tabulador de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
CIUDAD DE MÉXCO.- Con el objetivo de frenar los abusos de prestadores de servicios de grúas que, en colusión con autoridades, extorsionan a transportistas en las rutas federales, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a través de la diputada Macarena Chávez Flores, logró estipular sanciones a permisos de prestadores de servicios auxiliares.
Operadores de unidades de transporte y particulares en vehículos de uso personal-familiar se han visto prácticamente asaltados por operadores de grúas, quienes hacen uso de la extorsión para desenganchar las unidades o de lo contrario son retirados de la cinta asfáltica para ser llevados a depósitos, en los que los costos rebasan, en ocasiones, el valor de unidades pequeñas.
Macarena Chávez Flores, - Diputada.
Mientras que en el caso de autotransporte de carga las pesadas unidades son remitidas a depósitos sin causa que lo amerite, pues más de una vez por una luz apagada se le imponen sanciones económicas excesivas, evadiendo e ignorando los tabuladores que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tiene publicados, añadió.
Con la aprobación, se vuelve obligatorio el respeto a las tarifas publicadas en el tabulador de la dependencia federal, así como el castigo a permisionarios de servicios auxiliares, entre ellos operadores de grúas, que van desde la pérdida o suspensión del permiso por un periodo de seis a 12 meses.
Causas por las que los permisos pueden ser retirados
La iniciativa aprobada establece siete causas por las que los permisos pueden ser retirados a los prestadores de servicios auxiliares al autotransporte federal, entre ellas destacan:
- Por quejas recurrentes y fundamentadas acerca de abusos en el cobro de la prestación de servicios.
- En caso de encontrarse el prestador de servicios auxiliares sujeto a proceso judicial por denuncias de abusos y omisiones en la prestación de servicios.
- Por incumplimiento en las obligaciones adquiridas en el acuerdo que da origen al permiso respectivo.
- Por contubernio comprobado con autoridades federales o estatales para llevar a cabo abusos en el cumplimiento y cobro de la prestación de los servicios auxiliares.
- Por el otorgamiento de datos falsos por parte del permisionario a la secretaría.
En el caso de la suspensión del permiso, se llevará a cabo por un periodo de seis a 12 meses, según el artículo 55, que dice: “Los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos se sujetarán a las condiciones de operación y modalidades establecidas en los reglamentos; así mismo estarán sujetos al cobro respectivo, respetando de manera estricta los tabuladores oficiales publicados por la SICT”.
Chávez Flores urgió a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos del Senado de la República agilizar los trabajos para que dicho ordenamiento sea remitido al Ejecutivo Federal a la brevedad y entre en vigor una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación.
