¿Qué sigue para el caso Ayotzinapa tras derribo de puerta de Palacio Nacional?

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que poco después de las 9:00 horas del miércoles 6 de marzo, encapuchados ingresaran a la fuerza por la calle de Moneda, a un costado de Palacio Nacional, para después derribar la puerta del acceso 1; todo ello mientras aún ocurría la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dado ese panorama, en el que los hechos escalaron y tuvieron relevancia nacional, es importante hacer un recuento posterior para entender cuál es el estado actual del caso que ha quedado sin resolver desde septiembre de 2014. 

La respuesta del presidente

En paralelo al altercado que se encontraba sucediendo a la entrada del recinto, el presidente AMLO estaba por cerrar su conferencia “mañanera”, por lo que, aprovechando el momento, una periodista lo interrogó para hacerle saber que manifestantes estaban intentando ingresar al Palacio en ese instante.

El presidente respondió diciendo que había avances en la investigación, que daría con el paradero de los jóvenes, así como que no respondería con violencia al hecho y que buscaría reparar las posibles fisuras de los padres de los normalistas de Ayotzinapa. A esto, agregó que ellos serían atendidos por el subsecretario de gobernación, Félix Arturo Medina Padilla.

A pesar de ello, se dijo estar desconfiado “de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos”. Posteriormente, aseguró que los padres de los normalistas desaparecidos estaban “siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez Icaza.”

Luego de ello, la periodista le preguntó sobre el seguimiento de las investigaciones y sobre la reunión que aún está pendiente con los padres. En cuanto a esto, respondió que este encuentro sería sostenido en 20 días. A esto, añadió había mandado a los padres un informe, pero este no quiso ser recibido por sus abogados, por lo que dijo: “quieren distraernos para que no hagamos nuestro trabajo. No les tengo confianza a los asesores.”

Finalmente, indicó que su gobierno no es represor. 

Las razones detrás del derribo de la puerta

Según información obtenida por reporteros a las afueras del lugar, la cual fue compartida por Vidulfo Rosales, quien es el abogado de los familiares de los 43 normalistas, previo a que ocurrieran los altercados, la intención inicial era entrar a Palacio Nacional para entregar un documento al presidente.

En ese sentido, los manifestantes intentaron ingresar de forma pacifica por la calle de Moneda. No obstante, debido a que los granaderos impidieron el acceso, cuestión en la que se lastimó a algunos padres y madres de los 43, esto elevó los ánimos de los manifestantes.

El asunto de la carta, la cual estaba firmada por el comité de madres y padres de los 43, era una solicitud de una reunión con el presidente, para abordar “temas esenciales de la investigación del caso Ayotzinapa”.

A continuación, como se ha sabido con anterioridad, los familiares habían presentando el pasado 20 de septiembre de 2023 un escrito para solicitar la entregada de 800 folios que el ejército mexicano no ha entregado al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEl) y a la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ), junto a información relacionada al posible traslado de 17 estudiantes de los separos de barandilla municipal a un lugar a las afueras de Iguala, Guerrero.

No obstante, indican en el escrito, no ha habido una repuesta satisfactoria, pues el secretario de la Defensa Nacional, en una reunión que sostuvieron el 25 de septiembre de 2023, no contestó incluyendo los documentos e información que fue solicitada.

Por ende, piden su entrega para que el GIEl o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo revisen y que, si de esa revisión “surge la necesidad de una nueva apertura de los archivos”, no tendrán “ningún inconveniente en participar”.

Teniendo en cuenta lo anterior, requieren una reunión con el presidente AMLO para dialogar dicho tema, así como que necesitan abordar “lo relacionado con la línea de investigación de los 17 estudiantes trasladados de los separos de barandilla municipal de Iguala”, así como la extradición de Tomás Zerón de Lucio, quien se encuentra prófugo en Israel, al igual de la extradición de José Ulises Bernabé, quien también está prófugo en los EEUU.

Acuerdos

Posterior a las 11:30 horas del martes 6 de marzo, una funcionaria perteneciente a la secretaría de gobernación recibió el documento que las madres y padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa habían buscado entregar horas antes.

Tras la entrega del documento, este llegó a las manos de Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, quien pasó después mandó a que fuera entregado un acuse de recibido del documento antes mencionado, el cual fue mostrado ante los medios por parte de Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas.

Poco tiempo después, las madres y los padres de los normalistas concluyeron el plantón que sostuvieron por 10 días en el Zócalo, como protesta para pedir una reunión con el presidente AMLO. Aunque volverán a la CDMX, aproximadamente, posterior a la semana santa. 

Contestación de la Secretaría de Gobernación

Alrededor de las 12:29 horas, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, publicó un comunicado en donde se dijo que, luego de lo suscitado, el subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ), Arturo Medina Padilla, se contactó con las madres y los padres de los 43 normalistas.

En tal encuentro, se dice en el texto, quien representa a los familiares de los estudiantes desaparecidos ante la CoVAJ “insistió que dentro de sus acuerdos estaba reunirse únicamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador”, el cual ha sido reiterado por el presidente para ocurrir en unas semanas.

Asimismo, la Segob reiteró su “compromiso y disposición de trabajar de la mano de las familias y sus representantes sobre tres ejes fundamentales”. Dichos ejes son:

1. Reforzar los trabajos de búsqueda en campo a través de la coordinación con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), así como autoridades federales y del estado de Guerrero.
2. Continuar con los esfuerzos para “romper el pacto del silencio” y obtener información para dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos.
3. Finalmente, seguir con los trabajos para garantizar el derecho de las víctimas y “el pueblo de México” a la verdad y a la justicia a través de las acciones legales necesarias para sancionar a los responsables de estos lamentables hechos que implican graves violaciones a los derechos humanos.

Tras ello, señalaron que mantienen su compromiso con las madres y padres de los normalistas desaparecidos y que el diálogo se mantendrá “siempre abierto”.

Posteriormente, Luisa María Alcalde, contestó a la publicación del comunicado con un breve texto en el que sostuvo que, desde “el primer día” de la actual administración de México, el caso de Ayotzinapa “ha sudo una prioridad absoluta”.

Asimismo, añadió que no descansarían “hasta dar con el paradero de los jóvenes y lograr romper con el pacto de silencio. El diálogo está y seguirá siempre abierto.”