Injusticias en el sistema judicial origina protesta en juzgados de Altamira
La Asociación No más Hijos Rehenes alertó sobre una preocupante práctica que se está dando en casos de custodia, en donde algunos jueces parecen estar en complicidad con padres que utilizan a los menores como herramientas de presión.
Según la organización, esto no solo es una violación de los derechos de los niños, sino que está contribuyendo a que se establezcan dinámicas familiares desestructuradas, con un impacto emocional significativo.
La práctica, afirman, ha dado lugar a una generación de niños y niñas que crecen desarraigados de sus familias y profundamente afectados por los daños emocionales y psicológicos que les provoca esta situación.
¿Por qué los jueces no están protegiendo a los menores?
Aunque el sistema judicial tiene la responsabilidad y la facultad de intervenir para garantizar el bienestar de los niños y niñas involucrados en estos casos, la asociación denuncia que muchos jueces optan por evitar tomar decisiones firmes que favorezcan a los menores.
En algunos casos, los menores quedan completamente desprotegidos mientras el sistema favorece a una de las partes, sin evaluar adecuadamente el impacto emocional que estas decisiones tienen en los niños.
¿Qué exige la sociedad civil ante esta problemática?
Ante esta grave situación, la asociación hizo un llamado urgente a las autoridades judiciales del estado, en especial al magistrado presidente, para que intervengan de manera empática y real, considerando el bienestar de los menores como prioridad.
La falta de conexión entre los altos mandos judiciales y la realidad que viven las familias, aseguran, ha generado un desorden judicial que solo perpetúa la injusticia.
Actualmente, se sabe que siete jueces estarían involucrados en casos con presuntas irregularidades que ponen en riesgo la estabilidad emocional y familiar de los menores.
¿Se están tomando acciones contra jueces que incumplen su deber?
En respuesta a las denuncias, la asociación ha emprendido varias acciones legales, incluyendo la presentación de denuncias formales ante las fiscalías correspondientes.
Como resultado, al menos un juez enfrenta un proceso de sanción económica debido a sus decisiones cuestionadas.
Sin embargo, la asociación considera que este es solo el comienzo de una lucha más amplia para reformar un sistema judicial que, en su opinión, ha demostrado ser ineficiente e insensible a las necesidades y derechos de los menores.
