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Gobierno de Tamaulipas denuncia al exGobernador Cabeza de Vaca

Ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Foto: Redes Sociales
Por:David Paz

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas. - El exgobernador de Tamaulipas enfrenta denuncias por corrupción y podría ser vinculado a proceso en cualquier momento. La justicia lo sigue de cerca y su situación legal se complica con cada nueva acusación.

Mientras sus abogados defienden su inocencia, el gobierno estatal insiste en que no debe tener privilegios y debe enfrentar las consecuencias de sus actos.

El ex-gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca ya no tiene fuero y, como cualquier ciudadano, debe responder ante la justicia.

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Así lo afirmó la consejera jurídica del Gobierno del Estado, Tania Gisela Contreras López, al confirmar que la administración estatal interpuso denuncias en su contra por adquisiciones indebidas y entrega irregular de FIAT a notarios públicos.

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¿Por qué podría ser vinculado a proceso?

Según la funcionaria, las denuncias contra Cabeza de Vaca están en etapa de investigación en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

 Antes del cambio de administración, estos casos estaban prácticamente paralizados, pero ahora hay insistencia en que se les dé seguimiento. De encontrarse elementos suficientes, el exgobernador podría enfrentar un proceso legal en cualquier momento.

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¿Qué pasa con la ficha roja de Interpol?

Cabeza de Vaca aseguró en redes sociales que la Interpol suspendió definitivamente la ficha roja en su contra. Sin embargo, Contreras López aclaró que la suspensión es solo temporal y no definitiva.

Explicó que esta medida fue obtenida de manera ilegal por el exmandatario con el fin de lograr su registro como candidato a diputado federal. Como resultado, el juez que otorgó esta suspensión enfrenta un proceso de sanción por parte del Consejo de la Judicatura.

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¿Qué sigue para el ex-gobernador?

A pesar de los intentos de Cabeza de Vaca por evadir la justicia, las denuncias locales siguen su curso y su situación legal aún no está resuelta.

La administración estatal sostiene que el ex-gobernador debe responder como cualquier tamaulipeco y no gozar de privilegios. En este contexto, su futuro legal sigue siendo incierto, pero con la posibilidad latente de enfrentar consecuencias judiciales.

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