Gobierno de BCS sin comprobar gasto de 1,769 millones de pesos de fondo federal: ASF
Gobierno de BCS fue incapaz de acreditar el destino de 932 millones de pesos
LA PAZ, Baja California Sur.- La administración del gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, fue señalada por manejos irregulares en la administración de recursos federales que ascienden a 3 mil 232 millones de pesos.
Por las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos ministrados por el gobierno federal, Baja California Sur se convirtió en la cuarta entidad con más observaciones a nivel nacional, tan sólo después del Estado de México, Veracruz y Nuevo León.
El Fondo de Participaciones Federales a Entidades Federativas es el rubro más observado de la administración morenista por mil 769 millones de pesos que fueron ejercidos en 2023.
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Lo que representa el 54 por ciento del total del monto observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con lo que se presume un posible daño a la hacienda pública.
Este fondo es administrado por la Secretaría de Finanzas y Administración, que está a cargo de Bertha Montaño Cota.
¿Cuáles son las irregularidades detectadas por la ASF?
De acuerdo con el informe de Auditoría Simplificados de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023, el gobierno de Baja California Sur no logró comprobar el destino de 932 millones de pesos pertenecientes al Fondo de Participaciones Federales a Entidades Federativas.
Tampoco acreditó su permanencia en las cuentas bancarias al cierre del ejercicio.
Víctor Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur. Foto: Cortesía
También se detectó la ejecución de 689 millones de pesos por inconsistencias y omisiones en la presentación de la información financiera de 15 ejecutores de gasto que impidió conocer el destino de los recursos.
La ASF también evidenció la erogación de 70 millones de pesos en pagos improcedentes al personal que excedieron los tabuladores autorizados y 66 millones de pesos por pagos que no contaron con la documentación justificativa por dichas erogaciones y de la recepción de los bienes y servicios contratados.
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También observó el gasto de 9 millones de pesos por pagos sin documentación comprobatoria que acredite la ejecución de obras públicas.
“Asimismo, se detectaron irregularidades en la integración de la documentación de los procesos de programación, adjudicación y contratación en materia de adquisiciones, servicios y obra pública, que derivaron en la promoción de las acciones y en las solicitudes de aclaración correspondientes”, detalla el informe entregado por la ASF a la Cámara de Diputados federal.
¿Qué leyes fueron violentadas?
El gobierno del morenista violentó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, el Código Fiscal de la Federación, la Constitución estatal, el Presupuesto de Egresos del Gobierno de Baja California Sur para el ejercicio fiscal de 2023.
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Ante el cúmulo de irregularidades en la ejecución del fondo federal, la ASF emitió una recomendación, nueve solicitudes de aclaración, cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y cinco pliegos de observaciones.
