3 cosas que debes saber sobre la Ley 3 de 3, que prohíbe candidaturas a deudores alimentarios
El Congreso del Estado aprobó una serie de reformas constitucionales enfocadas a los deudores alimentarios.
El Congreso del Estado de Durango realizó una serie de reformas constitucionales para evitar que deudores alimentarios morosos ocupen un cargo público.
Dicha medida obedece a la armonización de la "Ley 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres” y también tiene como objetivo proteger los derechos humanos de los niños y niñas, así como adolescentes.
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Las 3 cosas que debes saber sobre la Ley que prohíbe candidaturas a deudores alimentarios
Los integrantes de la LXX Legislatura estatal aprobaron con 22 votos las reformas constitucionales en donde se establece como requisito para ser gobernador, fiscal general, diputado local e integrante del Ayuntamiento, no ser deudor alimentario moroso.
Debido a que se trata de una reforma constitucional, para que entre en vigor requiere que la mayoría de los 39 Ayuntamientos de Durango lo aprueben, quienes tienen 40 días naturales para dar una respuesta. En dado caso de que no lo hagan, se toma como si fuera a favor.
Estas reformas son el resultado de las iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional (PAN) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
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Deudores alimentarios morosos también pueden ir a prisión
De acuerdo a la ley estatal, se considera deudor alimentario moroso a quien no cumple con su obligación de pago por más de 60 días. Incumplir con esta responsabilidad puede derivar en prisión.
En el Código Penal del Estado de Durango, en su artículo 297, se tipifica el delito contra la seguridad de la subsistencia familiar. Se establece que a quien abandone a cualquier persona a la que tenga la obligación de suministrar alimentos, se le impondrá de dos a seis años de prisión.
En enero de este año, se dictó la primera condena en Durango contra un deudor alimentario moroso, quien incumplió por un tiempo prolongado su obligación de entregar recursos para la subsistencia de sus tres hijos; fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de cárcel. El caso ocurrió en la Laguna.
Ahora, el objetivo es que los deudores alimentarios morosos tampoco puedan aspirar a un cargo de elección popular.
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