Abren investigación contra tres empresas por delito ambiental
El motivo de la denuncia es el hallazgo de un tiradero a cielo abierto en el camino a la comunidad de El Cardonal, donde se encontraron bolsas de plástico con desechos médicos peligrosos.
LA PAZ, Baja California Sur.- Este lunes quedó radicada una demanda en contra de las empresas SIMMA Servicios Industriales para el Manejo del Medio Ambiente S.A. de C.V., Coba Industrial y Centro de Acopio Logysa BCS, propiedad de Gerardo Maciel Vargas, por presuntos delitos ambientales relacionados con la disposición final de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) en Baja California Sur.
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La demanda fue interpuesta por el reconocido ambientalista e Ingeniero Químico Industrial Carlos Álvarez Flores, presidente de la asociación México, Comunicación y Medio Ambiente AC, ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
¿Qué originó la demanda?
El motivo de la denuncia radica en el hallazgo de un tiradero a cielo abierto en el camino a la comunidad de El Cardonal, donde se encontraron bolsas de plástico con desechos médicos peligrosos. Entre los residuos se hallaron tubos de ensayo, agujas, jeringas y otros materiales infectocontagiosos, provenientes de clínicas y hospitales de la región.
Álvarez Flores señaló que las empresas involucradas, especialmente SIMMA y Coba Industrial, manejan residuos biológicos de manera irresponsable, lo que pone en riesgo la salud pública y el medio ambiente.
¿Cuáles son las empresas implicadas?
- SIMMA, que opera en la disposición de residuos hospitalarios en Baja California Sur, ha sido señalada por verter desechos en áreas no controladas, incluyendo residuos del IMSS Bienestar y Farmacias Similares.
- Coba Industrial, con sede en Hermosillo, Sonora, también fue acusada de prácticas irregulares en la recolección y manejo de RPBI.
Centro de Acopio Logysa BCS propiedad de Gerardo Maciel Vargas.
Ambas empresas, según el denunciante, han tenido contratos millonarios en los últimos años, lo que agrava su presunta falta de responsabilidad en el manejo adecuado de estos residuos.
"Este es uno de los primeros casos que recibimos este año y se investigará a fondo. Si se encuentran pruebas suficientes, se podrían imponer sanciones, incluyendo la clausura de las empresas responsables", afirmó Geiger.
La denuncia forma parte de una creciente preocupación en Baja California Sur, pues PROFEPA ha recibido más de 250 quejas por delitos ambientales en lo que va del año, reflejando un aumento respecto al año anterior.
PROFEPA inicia investigaciones
La titular de PROFEPA, Andrea Geiger Villalpando, informó que la institución ya ha iniciado una investigación que podría durar aproximadamente 30 días. Durante este periodo, se recopilarán evidencias para determinar si se procederá con sanciones administrativas o incluso la clausura de las empresas responsables.
