AMLO da pruebas de segundo tirador en caso Colosio; denuncia retraso de justicia
AMLO presentó un documento que revela la posible participación de un segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, cuya orden de aprehensión ha sido negada varias veces
CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles 17 de julio, durante su conferencia "mañanera", el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso un documento que acredita la participación de un posible segundo tirador en el asesinato del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, cuya orden de aprehensión ha sido varias veces negada por autoridades judiciales.
El tema salió a colación luego de que una periodista hablara sobre el sistema de justicia en México y la reforma al Poder Judicial, tomando de ejemplo el caso Emilio Lozoya Austin relacionado Odebrecht, quien en febrero fue liberado de la cárcel para continuar su proceso en prisión liberación, por lo que preguntó cómo sería posible rescatar a dicho poder y si se va llegar a las últimas consecuencias casos como ese.
Por su parte, el presidente afirmó que "en todos los casos debe haber justicia"; sin embargo, agregó que "la justicia hacia adelante puede tardar, pero va llegar".
Frente a ello, citó el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, señalando que un juez ha negado la orden de aprehensión a uno de los implicados, por lo que dio a conocer que ya cuenta con el informe de la Fiscalía General de la República (FGR) en donde se documenta que se está esperando una resolución, luego de haberse presentado un recurso de queja, a pesar de la negativa de la autoridad judicial.
Posterior a esto, pidió que fuera proyectada la nota que la FGR le envió sobre el caso. Entre tanto, anunció que dará a conocer algunos casos que, "desde hace meses", el Poder Judicial tiene "retenidos audiencias y resoluciones sobre el pago de impuestos de grandes corporaciones". Adicionalmente, señaló que al menos son alrededor de 10 casos que suman cerca de 10 mil millones de pesos.
Seguimiento de las acciones penales del posible segundo tirador de Colosio
Luego de ello, fue mostrado el texto donde se habla sobre la acción penal en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien era agente de investigación del CISEN, a quien se le ha señalado de ser el posible segundo tirador en el caso del asesinato de Colosio.
En el texto se da seguimiento sobre las acciones penales hacia Sánchez Ortega, las cuales, con base a lo mostrado, datan desde el 30 de octubre de 2023 cuando se solicitó una Orden de Aprehensión en su contra por "su probable participación en el Homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, en calidad de coautor material (segundo disparador)", basada en 123 pruebas recabadas, siendo 50 de ellas "absolutamente contundentes" para su probable responsabilidad, por lo que se turnó al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.
Un día después, el 31 de octubre de ese año, tal juzgado lo rechazó y lo declinó al Juzgado Primero de Distrito. Más adelante, el 23 de noviembre de 2023, de nueva cuenta fue solicitada nuevamente la Orden de Aprehensión ante el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales y esta fue negada.
El 4 de enero de 2024 se ejercitó una acción penal ante el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales y, el 5 de enero de 2024, una vez más se negó la Orden de aprehensión.
Por tanto, en el informe se señala que el juez "violó los principios de valoración de las pruebas y su función jurisdiccional", por lo que se enlistan parte de ellas como: el acusado "tenia manchas de sangre es su chamarra por salpicadura"; dictámenes periciales de química en su ropa, que dieron positivo en partículas plomo bario y antimonio, características en la detonación de armas de fuego; así como pruebas que acreditan su presencia en el lugar de los hechos, sostenidas en declaraciones de testigos.
Ante este panorama, el documento hace visible qué ha sucedido desde enero de este año, resaltándose que el 11 de junio se solicitó una audiencia con el Magistrado Josué Osvaldo Garduño Sánchez, perteneciente al Primer Tribunal Colegiado de Apelación, quien señaló que tardaría un promedio de cuatro meses en resolverse el recurso de apelación ante la negativa a la orden de aprehensión.
