Estos son los estados con más riesgo de violencia política criminal en las elecciones judiciales
Las campañas al Poder Judicial ya han iniciado, pero, basado en las últimas elecciones, podrían enfrentar riesgos de violencia político criminal, cuyos estados con mayores índices aquí te los contamos
CIUDAD DE MÉXICO.- El 30 de marzo iniciaron en el país las campañas para la elección al Poder Judicial, un ejercicio inédito en México que, pese a ello, no está exento de vivir violencia, especialmente teniendo en cuenta la experiencia de las elecciones federales de 2024, cuando más de 500 personas involucradas en las elecciones fueron víctimas de violencia, según datos de Data Cívica-México Evalúa.
Bajo este panorama, México Evalúa ha generado un diagnóstico sobre el nivel de riesgo de violencia político criminal ante las elecciones judiciales, para cada una de las 32 entidades del país.
¿Cómo estarán divididas las elecciones al Poder Judicial dependiendo de cada entidad del país?
Antes de enlistar de tales índices de riesgo, es necesario señalar que durante el Proceso Electoral Extraordinario 2025, el cual incluye la elección al Poder Judicial, en el país se vivirán distintos escenarios.
En ese sentido, en algunos estados habrá elecciones locales que se harán en simultáneo a la elección judicial e, incluso, para esta misma existirán entidades que solo elegirán a juzgadores federales y no locales.
Dicho esto, podemos dividirlo en tres escenarios, tal como lo sugirió el Instituto Nacional Electoral (INE), en sus lineamientos para campañas dependiendo por estado, por lo que son:
- Escenario A - 15 estados, que únicamente tendrán elecciones judiciales federales: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Yucatán.
- Escenario B - Estados que tendrán tres procesos simultáneos (elecciones judiciales federales, locales y proceso electoral local para cambio de ayuntamientos), que son: Durango y Veracruz.
- Escenario C: Estados con elecciones judiciales federales y locales: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Colima, Estado de México, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
El hecho del porqué existen estos tres escenarios diferencia, es porque en 18 estados la reforma al Poder Judicial sí fue aprobada localmente. Dentro de este número se encuentra Nayarit, pero al notificar al INE fuera de la fecha límite que sí tendría una elección judicial estatal, tal entidad quedó fuera.
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¿Qué es la violencia político criminal y cómo esta ha evolucionado en las últimas tres elecciones en México?
Según lo define Data Cívica y México Evalúa, cuando se habla de violencia político criminal se refiere a:
los actos de violencia —letal y no letal— por parte de organizaciones criminales contra autoridades, personas funcionarias, candidatas y/o militantes activas de partidos políticos”.
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Tales agresiones, que si bien no son exclusivas de los procesos electorales, tienen la intención de influir en el “control de los procesos electorales, las instituciones y los recursos públicos”, por medio de diversos actos violentos hacia personas involucradas en la elección, desde personas electas y candidatas, pasando por funcionarios, hasta instalaciones gubernamentales, que dejaron víctimas letales.
Según lo afirma México Evalúa, la violencia de este tipo ha crecido de manera exponencial en “un periodo muy breve”, pues de 2021 a 2024 se “incrementó 270.6% en todas sus modalidades”, mientras que los asesinatos en 356%, lo cual, sostienen, es prueba de un “acelerado proceso de expansión e intensificación del régimen criminal a nivel de los territorios locales.”
No obstante, esta problemática, como México Evalúa puntualiza, se vino fraguando desde las elecciones de 2018, por lo que de ese año hasta 2024, hubo 2259 personas muertas por violencia político criminal.
Durante este tiempo, los actores municipales han sido los más vulnerables, siendo el 77.9% del blanco de estas muertes, lo que implica la pérdida de 1760 vidas. De ello, le siguen actores estatales con 375 víctimas (16.6%) y, finalmente, 124 muertes de actores federales (5.5%).
México Evalúa señala que los actores municipales son los más vulnerables “pues ofrece mayores insumos a las organizaciones criminales para la explotación de las economías locales, inteligencia para neutralizar a organizaciones rivales e impunidad generalizada”.
No obstante, se precisa que las elecciones de 2024 han sido las elecciones “más violentas de la historia moderna”, pues registraron “más de 550 víctimas desde el inicio del proceso hasta el día de los comicios”, según datos de Data Cívica-México Evalúa. Con todo esto dicho, sentencian:
Detrás de las víctimas de violencia político criminal se encuentra que la intromisión de las organizaciones delictivas en procesos electorales es cada vez más frecuente (incremento de víctimas) e intensa (incremento de homicidios). Frente a dicha situación, la ocurrencia de violencia político criminal en las elecciones del poder judicial de 2025 es altamente probable.”
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¿Cuáles son los estados de México con mayor riesgo de violencia política criminal en las elecciones judiciales?
Basados en las experiencias antes señaladas y con análisis realizados sobre la violencia en los procesos electorales de 2018, 2021 y 2024, México Evalúa ha determinado cuatro factores principales para valorar el nivel de riesgo de violencia político criminal en las elecciones judiciales de 2025 a nivel estatal, los cuales son:
- Disputas violentas por el control de los territorios locales en múltiples zonas: la disputa por el dominio criminal crea incentivos para que las organizaciones criminales busquen la captura de los poderes públicos a fin de imponer su hegemonía. Mientras más disputas existan, mayor probabilidad de captura. En zonas bajo una hegemonía criminal establecida resulta menos probable la violencia político criminal porque no es necesaria. La hegemonía criminal es un problema que requiere otro tipo de atención. Parámetro: tres o más municipios en disputa.
- Explotación violenta de múltiples mercados ilícitos convencionales: la captura del poder judicial puede completar el circuito de impunidad para la explotación de mercados ilícitos. Mientras más mercados ilícitos coexistan en los territorios, mayor probabilidad de captura. En zonas con menos mercados resulta menos probable la violencia político criminal porque no es necesaria. Parámetro: tres o más mercados ilícitos.
- Alta vulnerabilidad frente a la intromisión del crimen en las elecciones: medida a través del número de agresiones de violencia político-criminal. Dicho fenómeno muestra que las instituciones políticas cuentan con bajas capacidades para frenar la intervención del crimen organizado en las elecciones. A menores capacidades, mayor probabilidad de intromisión. Parámetro: arriba del promedio nacional registrado en la elección de 2024 (17).
- Alta disponibilidad de opciones de captura: medida a través del porcentaje de cargos de personas juzgadoras y magistradas del fuero común que serán votadas en 2025. Dichos perfiles son responsables de sancionar delitos asociados a la explotación violenta de mercados ilícitos por lo que son relevantes para el crimen organizado. A mayor porcentaje mayor probabilidad de violencia. Parámetro: arriba del 50%.
Cada factor está pensado como una condición necesaria para que exista violencia político criminal, más no suficiente, por lo que al acumularse se incrementa el nivel de riesgo.
Bajo esta perspectiva, el estado con el nivel muy alto de violencia político criminal es Baja California, que tendrá elecciones al Poder Judicial federales y locales. Los estados con el nivel de riesgo alto son: Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colima.
Las entidades con un nivel de riesgo medio son: Sonora, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala. Y, finalmente, los estados con nivel de riesgo bajo son: Coahuila, Durango, Aguascalientes y Yucatán.
El resto de estados: Baja California Sur, Nuevo León, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche, no son incluidos en este nivel de riesgo porque no contarán con elecciones locales para los comicios al Poder Judicial.
Los casos de los estados son explicados en la siguiente tabla:
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