Critican actuar de la FGR tras investigación de Pegasus
Expresaron inquietud por la labor que ha realizado hasta la fecha la Fiscalía General
CIUDAD DE MÉXICO, México — Amnistía Internacional y otras organizaciones activistas cuestionaron el jueves la actuación de la Fiscalía General de la República de México en el caso del espionaje telefónico vinculado al malware Pegasus, y exigieron a las autoridades la aprobación de normas que combatan ese tipo de actividades y controlen la compra e importación de esa tecnología.
A cuatro años de las primeras denuncias realizadas en México sobre espionaje telefónico —las cuales han sido corroboradas en la investigación realizada por un consorcio global de medios, que revelaron el uso del malware de NSO Group, con sede en Israel, para espiar a miles de periodistas, activistas y políticos, AI y las organizaciones activistas Article 19, Consorcio Oaxaca, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan expresaron inquietud por la labor que ha realizado hasta la fecha la Fiscalía General e insistieron, durante una conferencia de prensa virtual, en que se deben divulgar los contratos suscritos con la organización israelí.
El activista Vladimir Cortés, de la organización Article 19 —que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información—, manifestó preocupación por la actitud de la Fiscalía General, a la que señaló de “modelar una especie de simulación para fingir que se está cumpliendo con sus labores de investigación, transparencia y revisión de cuentas cuando en realidad su actuación ha mostrado ser insuficiente e incapaz”.
Las autoridades mexicanas anunciaron esta semana que localizaron 31 contratos vinculados al programa Pegasus suscritos por diferentes departamentos de seguridad durante los gobiernos de los expresidentes Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Felipe Calderón (2006-2012), y valorados en unos 61 millones de dólares.
“Esto (del espionaje) no se puede quedar en la impunidad”, manifestó la activista Yesica Sánchez, del Consorcio Oaxaca, al exhortar a la Fiscalía General a realizar una investigación “sigilosa” y “profesional”.
Luego de la divulgación de la investigación periodística, la Fiscalía General dijo que estaba avanzando una averiguación sobre los contratos que suscribió la empresa mexicana KBH TRACK, que utilizó los servicios de NSO Group, con el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien se encuentra en Israel y tiene pendiente un proceso judicial en México.
Tras reconocer que no hay certeza de que las prácticas de espionaje telefónico hayan cesado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la directora ejecutiva de AI México, Edith Olivares, exigió a las autoridades la divulgación de los contratos de Pegasus, así como de otros de ese tipo.
“No hay pruebas de que no se siga utilizando este software o cualquier otro, pues cabe recordar que la investigación sólo se hizo para revisar este software, pero puede haber otros”, agregó.
Olivares exhortó al gobierno de López Obrador a que reconozca que hubo violación a los derechos humanos, asuma “su responsabilidad como Estado”, repare a las personas que fueron vigiladas y se establezcan garantías de no repetición.
