¿Puede haber ley marcial en México? Esto dice Carlos Montero, especialista del Tec de Monterrey
Luego de que Corea del Sur entrara en ley marcial, surgió la pregunta entre los mexicanos ¿qué pasaría si todos los derechos son cancelados
CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los temas que ha captado la atención de la comunidad internacional es la reciente implementación de la ley marcial en Corea del Sur, un acto que sorprendió a gran parte del mundo.
Esta medida, tomada de manera repentina, involucró una suspensión de ciertos derechos fundamentales, con el poder ejecutivo tomando el control total sobre las decisiones del país, lo que generó tanto incertidumbre como reacciones masivas.
¿Qué es la ley marcial y en qué situaciones se aplica?
La ley marcial, en su concepto más básico, es un marco legal que otorga al gobierno el poder de suspender las garantías individuales de los ciudadanos, generalmente en situaciones excepcionales como la guerra o disturbios internos graves. En estos casos, las autoridades ejecutivas, como el presidente o el gobernador, toman el control absoluto para garantizar el orden, suspendiendo las funciones del poder legislativo.
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¿Cómo se maneja la ley marcial en Corea del Sur y en México?
En este sentido, es importante entender cómo se aplica en diferentes contextos y, sobre todo, la diferencia en la manera en que se maneja esta cuestión en países como Corea del Sur y México.
Carlos Montero, especialista en seguridad pública del Tecnológico de Monterrey, explicó al equipo de POSTA las implicaciones que un acto como el ocurrido en Corea del Sur podría suponer para México.
¿Existen mecanismos legales para suspender derechos en América Latina?
Montero destacó que, a pesar de que algunos países en América Latina no cuentan con una 'ley marcial' formal, existen mecanismos legales a través de los cuales los presidentes pueden suspender derechos o libertades en situaciones extremas, como lo ejemplificó el caso de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha utilizado decretos ejecutivos para enfrentar la violencia y el crimen organizado.
Montero explicó que, en México, no existe una ley marcial per se, pero el artículo 89 de la Constitución establece que, en casos de extrema necesidad, el presidente tiene la facultad de suspender derechos y garantías, siempre con la autorización del Congreso. Sin embargo, esta atribución nunca ha sido utilizada en situaciones de conflicto interno grave en México, como el levantamiento del Ejército Zapatista o la violencia en lugares como Culiacán y Guerrero.
¿Qué sucedió realmente en Corea del Sur: decreto o ley marcial?
El experto mencionó que en el caso de Corea del Sur, lo que sucedió fue una forma de decreto o medida extraordinaria tomada por el poder ejecutivo, y no una ley marcial formal.
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Esta intervención, que incluyó el bloqueo del Congreso por parte de la policía y el despliegue del ejército, se debió a una situación política muy tensa entre el ejecutivo y el legislativo, con el objetivo de evitar que se reunieran para tomar decisiones contrarias a las políticas del gobierno.
Sin embargo, Montero resaltó que este tipo de medidas se asocian principalmente con gobiernos autoritarios, ya que la creación de leyes o reglamentos sin la participación del poder legislativo es una característica de los regímenes dictatorialistas.
¿Podría implementarse una medida similar en México?
Por otro lado, Montero subrayó que, aunque México no tiene una ley marcial formal, en situaciones de extrema violencia, el presidente podría recurrir a decretos que suspendan derechos, como se ha hecho en otros países de América Latina.
La diferencia crucial radica en que, en el caso de México, la intervención de las autoridades debe ser aprobada por el Congreso, lo que garantiza un balance de poder y la revisión de las medidas por las instituciones democráticas del país.
¿Qué riesgos implica recurrir al poder absoluto para resolver problemas internos?
El especialista también reflexionó sobre los riesgos inherentes a este tipo de medidas.
En particular, advirtió sobre la tentación de algunos gobiernos de recurrir a un poder absoluto para resolver problemas internos, como en el caso de Culiacán, donde muchos sugieren que se podría suspender derechos para imponer el orden. Sin embargo, Montero alertó que este tipo de medidas, aunque puedan parecer efectivas a corto plazo, representan una grave amenaza para los derechos fundamentales de los ciudadanos y pueden ser utilizadas de forma excesiva y autoritaria.
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¿Qué opinan los jóvenes latinoamericanos sobre el autoritarismo?
Finalmente, Montero reflexionó sobre el contexto actual en América Latina y las crecientes tensiones políticas y sociales. A pesar de la tentación de adoptar medidas extremas, insistió en que el límite del poder debe estar claro, ya que si el gobierno no es capaz de detenerse y devolver los derechos a los ciudadanos, esto puede llevar a un abuso de poder. Como ejemplo, citó encuestas de LatinoBarómetro donde muchas personas, especialmente jóvenes, prefieren un gobierno autoritario si garantiza resultados, sin entender completamente las implicaciones de perder sus libertades fundamentales.
