
La reforma añade la obligación de las autoridades y órganos político-administrativos de establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.
La reforma añade la obligación de las autoridades y órganos político-administrativos de establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.