Auditor advierte cárcel a alcaldes por desvío millonario en Tamaulipas
Más de 13 mil millones de pesos en observaciones podrían derivar en sanciones penales si no se solventan antes del 22 de abril, advierte la ASE.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) lanzó una contundente advertencia a los gobiernos municipales y organismos públicos de Tamaulipas: si no solventan las observaciones por el uso irregular de más de 13 mil 500 millones de pesos antes del 22 de abril, los responsables podrían enfrentar consecuencias penales, incluida la cárcel. Así lo declaró el titular del organismo, Francisco Noriega Orozco, quien calificó la situación como un “punto de quiebre” en materia de rendición de cuentas.
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Noriega informó que los funcionarios señalados ya tuvieron un año para aclarar el destino del dinero público, sin embargo, la falta de respuesta efectiva complica su defensa en el plazo final de 135 días establecido por ley. De persistir la opacidad, los expedientes serán turnados al Tribunal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía Anticorrupción, dependiendo de la gravedad de los casos.
¿Qué municipios concentran las mayores observaciones?
De acuerdo con el informe de resultados presentado por la ASE, las administraciones municipales con mayores observaciones en 2023 son Matamoros, con 558.1 millones de pesos, seguido por El Mante con 486.7 millones, Ciudad Victoria con 438.9 millones, y Altamira con 294.5 millones. Otros municipios como Río Bravo, Tampico, Reynosa, Madero, Soto La Marina y Camargo también aparecen en la lista con cifras que van de los 55 a los 262 millones de pesos por aclarar.
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En total, los 43 municipios de Tamaulipas acumulan observaciones por 3 mil 427 millones de pesos, mientras que los organismos como las Comapas, DIFs municipales y otros entes descentralizados alcanzan más de 8 mil millones. En el caso de los Poderes estatales, las observaciones superan los 2 mil millones de pesos.
¿Cuáles son las faltas más comunes detectadas?
Las irregularidades más frecuentes detectadas por la ASE incluyen la falta de documentación comprobatoria, ingresos con inconsistencias, nóminas sin soporte documental, ausencia de declaración de conflicto de interés y contrataciones fuera del marco normativo. Estas faltas comprometen la transparencia en el uso del dinero público y generan la posibilidad de sanciones administrativas, inhabilitaciones, o incluso prisión.
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El auditor Francisco Noriega señaló que la revisión actual no es como las de años anteriores, calificándolas de “auditorías de chocolate”, en alusión a su falta de rigor. En contraste, afirmó que la actual gestión ha promovido 45 denuncias penales solo en el último año, frente a 23 en los ocho años anteriores.
¿Qué consecuencias enfrentarán los funcionarios responsables?
Aquellos alcaldes, funcionarios o directores de organismos que no logren justificar el uso de los recursos deberán enfrentar procesos ante las autoridades competentes. Las consecuencias pueden ir desde la destitución del cargo hasta la obligación de resarcir el daño al erario, además de penas de cárcel en los casos más graves.
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La ASE también precisó que está en curso un proceso técnico y jurídico para documentar la falta de evidencia en la ejecución del gasto, en cumplimiento con la Ley de Disciplina Financiera y bajo criterios de auditoría gubernamental. El universo fiscalizado corresponde a 121 mil 500 millones de pesos del presupuesto público estatal.
Con esta advertencia firme, la Auditoría Superior del Estado marca un precedente en la fiscalización de recursos públicos en Tamaulipas, y abre la puerta a una etapa de mayores consecuencias para quienes abusen del poder y de los fondos del pueblo.