ASEY pone en la mira a exalcaldes de Yucatán por irregularidades en la Cuenta Pública
La ASEY dio a conocer que 8 municipios de Yucatán han presentado observaciones por daño patrimonial en la Cuenta Publica 2023
MÉRIDA, Yucatán.- La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) reveló que ocho municipios presentan observaciones en la Cuenta Pública 2023 por presunto daño patrimonial. Estos municipios son:
- Abalá: $307,151.44
- Chichimilá: $191,950.12
- Chocholá: $237,600.00
- Sacalum: $274,612.11
- Samahil: $496,415.00
- Sucilá: $550,753.20
- Tixkokob: $399,040.00
- Umán: $32,400.00
Estos resultados forman parte del primer informe de fiscalización entregado en julio de 2024 al Congreso del Estado por las oficinas de ASEY. Este caso recuerda a las acusaciones por irregularidades sobre la alcaldesa de Sinanché, Abril Palma.
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¿Cuáles son las posibles sanciones para los exalcaldes?
El titular de la ASEY, Rubén de Jesús Arjona Ortiz, indicó que los exalcaldes implicados tienen un plazo para solventar las irregularidades detectadas. De no hacerlo, podrían enfrentarse a:
- Procedimientos de responsabilidad a través de sus órganos internos de control.
- Denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
- Querellas en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán.
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¿Cuándo se darán a conocer los resultados finales?
En marzo de 2025, la ASEY informará si los exalcaldes lograron solventar las observaciones o si se procederá legalmente en su contra. Esta evaluación será clave para determinar la transparencia en el manejo de los recursos municipales y las consecuencias para quienes no cumplieron con sus responsabilidades.
La fiscalización de la Cuenta Pública 2023 en Yucatán es un proceso clave para garantizar el uso correcto de los recursos públicos. La ASEY mantiene la vigilancia sobre los exalcaldes y definirá las acciones legales necesarias en los próximos meses.
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¿Qué hace la Asey?
La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) ofrece capacitación y talleres de manera continua a entidades y municipios, con el objetivo de difundir la normatividad y promover buenas prácticas de gobierno. Esto contribuye a reducir tanto el riesgo inherente como el riesgo de control en las entidades sujetas a fiscalización.
