ASEY pone en la mira a la exalcaldesa de Abalá por presunto daño patrimonial
La ASEY señaló a María Lorenza Ayala López por irregularidades en la Cuenta Pública de 2023
MÉRIDA, Yucatán.- La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) ha detectado irregularidades en la Cuenta Pública 2023 del H. Ayuntamiento de Abalá, encabezado por la alcaldesa María Lorenza Ayala López.
Según el informe, el municipio presenta un presunto daño patrimonial de $307,151.44 pesos, lo que lo ubica entre los ocho ayuntamientos con observaciones financieras.
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¿Cuáles son las observaciones de la ASEY sobre Abalá?
De acuerdo con el primer informe de fiscalización entregado al Congreso del Estado en julio de 2024, se identificaron inconsistencias en la administración de recursos en Abalá.
Aunque no se han detallado las causas específicas de este señalamiento, el monto observado indica posibles irregularidades en el manejo del presupuesto municipal.
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¿Qué consecuencias podría enfrentar la exalcaldesa?
Las autoridades municipales del trienio 2021-2024 tienen hasta marzo de 2025 para solventar las observaciones. De no hacerlo, podrían enfrentar:
- Procedimientos administrativos a través de los órganos internos de control.
- Denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
- Querellas en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán.
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¿Cuántos municipios están bajo investigación?
Abalá no es el único municipio con señalamientos por parte de la ASEY. En total, ocho ayuntamientos han sido observados, con montos que van desde los $32,400 hasta los $550,753.20 pesos.
Los municipios involucrados son:
- Abalá: $307,151.44 pesos.
- Chichimilá: $191,950.12 pesos.
- Chocholá: $237,600.00 pesos.
- Sacalum: $274,612.11 pesos.
- Samahil: $496,415.00 pesos.
- Sucilá: $550,753.20 pesos.
- Tixkokob: $399,040.00 pesos.
- Umán: $32,400.00 pesos.
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¿Qué sigue en el proceso de fiscalización?
La ASEY continuará con la revisión de las cuentas públicas municipales y entregará nuevos informes en octubre de 2024 y febrero de 2025. En marzo de ese año, se determinará si los alcaldes lograron solventar las observaciones o si se procederá legalmente en su contra.
Este proceso busca garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y establecer responsabilidades en caso de irregularidades financieras. Se espera que las autoridades municipales respondan a los señalamientos antes de que concluyan los plazos establecidos.
