ASEY pone en la mira al Ayuntamiento de Chichimilá por daño patrimonial
La ASEY reveló que Chichimilá es uno de los ayuntamientos que presentan un presunto daño patrimonial de $191,950.12 pesos
MÉRIDA, Yucatán.- La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) ha revelado irregularidades en la Cuenta Pública 2023 de varios municipios, señalando un presunto daño patrimonial en al menos ocho ayuntamientos del estado.
Entre ellos, destaca el caso de Chichimilá, donde se detectó un posible desfalco por $191,950.12 pesos.
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¿Cuáles son los municipios señalados por la ASEY?
El informe menciona ocho municipios con montos observados que van desde los $32,400 hasta los $550,753.20 pesos. Estos son:
- Abalá: $307,151.44
- Chichimilá: $191,950.12
- Chocholá: $237,600.00
- Sacalum: $274,612.11
- Samahil: $496,415.00
- Sucilá: $550,753.20
- Tixkokob: $399,040.00
- Umán: $32,400.00
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¿Qué sanciones podrían enfrentar los exalcaldes?
Los exfuncionarios del trienio 2021-2024 tienen hasta marzo de 2025 para aclarar o solventar las irregularidades detectadas. De no hacerlo, podrían enfrentar:
- Sanciones administrativas por parte de los órganos internos de control.
- Denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado.
- Querellas en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Yucatán.
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¿Qué sigue en el proceso de fiscalización?
El titular de la ASEY, Rubén de Jesús Arjona Ortiz, entregó el informe al Congreso del Estado, confirmando que en breve se iniciarán acciones legales para fincar responsabilidades y recuperar los recursos públicos afectados.
¿Qué hace la ASEY?
La Auditoría Superior del Estado de Yucatán se encarga de capacitar de manera continua a entidades y municipios, ofreciendo talleres y formación sobre normativas y buenas prácticas gubernamentales. Su labor busca reducir los riesgos asociados a la gestión pública y fortalecer los mecanismos de control en las instituciones fiscalizadas.
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La ASEY reiteró la importancia de la transparencia y el buen manejo del erario, instando a los exalcaldes a corregir las anomalías detectadas para evitar consecuencias legales.
