Caso de Grupo Inverco que afectó a 700 personas en Yucatán llega hasta Palacio Nacional
Afectados por Inverco siguen sin recibir justicia luego de denuncia un presunto fraude inmobiliario con terrenos en Yucatán
MÉRIDA, Yucatán.- Más de 700 personas, en su mayoría migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos, Canadá y Europa, han denunciado un presunto fraude inmobiliario por parte de Grupo Inverco.
La empresa, liderada por Miguel Ángel Aguayo de Pau y Rolando Bello Mejía, sobrino del exgobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, vendió terrenos y viviendas en el desarrollo "Pedregales de Misnébalam", sin cumplir con lo pactado en los contratos de promesa de compraventa, con un daño aproximado de 500 millones de pesos.
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¿Cuál es la situación actual de los afectados?
Desde 2021, cientos de compradores invirtieron sus ahorros en propiedades de Inverco, sin recibir aún sus inmuebles o escrituras. De los más de 700 contratos firmados, solo 143 viviendas han sido construidas y apenas 30 escrituras entregadas.
En redes sociales inundan testimonios de personas afectadas por las malas prácticas de Inverco, señalando incluso que no han entregado viviendas que ya fueron pagadas.
"Ya regresen el dinero, su megafraude ya se dio a conocer en todo México y en el extranjero. Hasta los están investigando bancos Canadienses. Dejen de mentir a los inversionistas", se lee en las redes de la empresa.
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¿Cómo ha escalado el caso hasta Palacio Nacional?
Ante la falta de respuesta de la empresa, los afectados han llevado su denuncia ante la Profeco, la FGR, la Fiscalía de Yucatán y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Recientemente, algunos de los defraudados se movilizaron para exponer su caso en Palacio Nacional, solicitando la intervención del Gobierno Federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por este caso durante la mañanera de este jueves, señalando que la Secretaría de Gobernación esta disposición para atender a los afectados y buscar soluciones.
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¿Cuáles son las implicaciones del caso?
Este caso pone en evidencia la falta de regulación en el mercado inmobiliario de Yucatán, donde proliferan desarrollos en terrenos selváticos sin infraestructura ni servicios públicos. La situación también abre la puerta a investigaciones sobre posible lavado de dinero dentro de la empresa.
El caso sigue en proceso, y los afectados esperan una resolución justa que les permita recuperar su patrimonio.
