Exalcalde de Valladolid, Alfredo Fernández Arceo, enfrenta a la Justicia por presunta corrupción
El exalcalde fue acusado de exigir pagos indebidos a varios restauranteros, como condición para otorgarles anuencias para la venta de bebidas alcohólicas.
VALLADOLID, Yucatán.- El exalcalde de Valladolid, Alfredo Fernández Arceo, ha sido vinculado a proceso por presuntos actos de corrupción, específicamente por el delito de concusión agravada.
Durante su gestión en el periodo 2021-2024, se le acusa de exigir pagos indebidos a varios restauranteros, como condición para otorgarles anuencias para la venta de bebidas alcohólicas.
Estos cobros ilegales habrían ocurrido en más de 24 ocasiones, según la denuncia presentada por la Asociación de Restaurantes de Valladolid.
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¿En qué consiste la acusación contra Alfredo Fernández Arceo y el extesorero Joaquín Alberto Villalobos Dzib?
Además de Fernández Arceo, también está vinculado a proceso el extesorero municipal Joaquín Alberto Villalobos Dzib, quien, junto al exalcalde, presuntamente exigió estos pagos.
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción investigó los hechos, estableciendo que ambos exservidores públicos habrían solicitado pagos indebidos para aprobar licencias de funcionamiento y permisos relacionados con el comercio de bebidas alcohólicas.
La acusación involucra a varias víctimas, lo que añade un agravante al caso.
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¿Qué consecuencias legales podría enfrentar Alfredo Fernández Arceo?
El delito de concusión agravada en Yucatán establece penas de hasta 12 años de prisión por cada víctima.
De ser hallados culpables, tanto Fernández Arceo como Villalobos Dzib podrían enfrentar una sentencia considerable, debido a que la acusación involucra múltiples afectados, en este caso, los restauranteros que fueron objeto de cobros ilegales.
¿Cuáles son las medidas cautelares impuestas a los acusados?
En el caso de Alfredo Fernández Arceo, el juez también impuso medidas cautelares, como:
- La prohibición de salir de la Península de Yucatán
- Pago de 20 mil pesos como garantía económica.
Además, se le exigió firmar una vez al mes para asegurar su permanencia en el estado mientras se lleva a cabo el proceso.
Este proceso judicial se ha convertido en uno de los más significativos en la lucha contra la corrupción en el oriente de Yucatán.
Este caso resalta la importancia de mantener la integridad en la gestión pública y la necesidad de sancionar a quienes abusen de su cargo para obtener beneficios personales de manera ilegal.
