La Profepa clausura granja porcícola en Mérida por falta de permisos
Grupos ambientalistas han denunciado varias veces la operación del lugar debido a la contaminación que genera en la zona

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de Yucatán realizó la mañana de este viernes la clausura de la granja porcícola de Santa María Chi que opera la empresa Pecuaria Peninsular, ubicada en la comisaría de Mérida.
¿Cuál fue la razón de la clausura de la granja porcícola de Santa María Chi?
La razón de la clausura fue la falta de permisos para realizar la descarga de aguas residuales. Se averiguó que ya se le había solicitado a la empresa dicho documento, pero éste no fue entregado, por lo que las autoridades procedieron a la clausura.
La empresa argumentó que sí entregó, pero la PROFEPA señaló que dicho oficio fue exhibido con otra razón social.

Tras la clausura de la megagranja de cerdos Pecuaria Peninsular, ubicada en la comunidad de Santa María Chi, la empresa no podrá incrementar el número de ejemplares que reporte en existencia.
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¿Qué fue lo que dijo la Procuradora sobre el caso?
“La operación de esta mega granja sin permiso de descarga de aguas infringe la ley y representa una amenaza permanente de contaminación para el suelo, los cuerpos de agua, la atmósfera y una amenaza para la salud humana de la comunidad que colinda con esta instalación”, afirmó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.
La funcionaria agregó que la Profepa continuará verificando la forma en que operan este tipo de empresas y tomando las medidas necesarias para que cumplan la ley y no pongan en riesgo el medio ambiente y la salud de las comunidades vecinas.
La Ley de Aguas Nacionales estipula claramente en los artículos 88 y 88 Bis fracción I que cualquier persona que realice descarga de aguas residuales debe contar con el permiso emitido por la Conagua, situación que en el caso en concreto no ha ocurrido.
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¿Qué otras controversias han sido señaladas a la granja porcícola?
La granja porcícola de Santa María Chi ha sido epicentro de intensas controversias en los últimos años. Diversos estudios y denuncias ciudadanas han evidenciado que ha contaminado gravemente el manto freático de la zona.
Un informe del Consejo Ciudadano por el Agua reveló que los niveles de coliformes fecales en el agua subterránea superan hasta ocho veces el límite permitido por la norma oficial mexicana, además de registrar parámetros alarmantes de demanda bioquímica y química de oxígeno, lo que indica un estado de “altamente contaminado”.
Esta situación ha obligado a los habitantes a dejar de utilizar el agua de pozo para actividades cotidianas y agrícolas, afectando su calidad de vida y la producción de hortalizas.
También se ha documentado que la granja ha operado sin contar con títulos de concesión, permisos de descarga de aguas residuales ni Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), incumpliendo también la norma técnica ambiental local, que exige una distancia mínima de 1,000 metros respecto a la traza urbana.
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