PROFEPA analizará daño ambiental en Santa María Chi, ¿qué proceso legal sigue?
Aunque la SEMARNAT, la PROFEPA y la SDS han impuesto multas y medidas correctivas, el abogado del caso también señaló que, por parte del Ayuntamiento de Mérida, hay nula atención al seguir otorgando el permiso de funcionamiento.
MÉRIDA, Yucatán.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) anunció hace unos días que iniciará un proceso de investigación en la comisaría de Santa María Chi, donde se ubica la granja porcícola.
Esta investigación es con el fin de analizar la situación, determinar responsabilidades y tomar medidas correctivas. Sin embargo, pobladores esperan el cierre total de la megagranja.
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¿Cuáles son las multas que ha recibido la megagranja porcícola?
Residentes y activistas han señalado los malos olores debido a la contaminación del manto freático, así como enfermedades a causa de la misma situación.
Sin embargo, se dijo que la PROFEPA, en 2023, había impuesto a la megagranja medidas correctivas y de urgente aplicación, además de una multa de 15 millones de pesos.
Por justamente los daños ambientales que está ocasionando la granja, y que además está operando sin el manifiesto de impacto ambiental y sobre la deforestación que llevaban a cabo en los terrenos donde está operando la granja, entre otras cuestiones que no estaba cumpliendo.
Orvelin Montiel Cortés - Subdirector de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Además, a principios de este año, la SDS en Yucatán también le impuso medidas correctivas con otra multa de 542,850 pesos.
La granja tiene aproximadamente 5 suspensiones para que suspenda labores definitivamente, además de las multas. Así que tiene que ver mucho con la voluntad de las autoridades correspondientes.
Orvelin Montiel Cortés - Subdirector de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública.
¿Hay voluntad de las autoridades correspondientes?
Aunque la SEMARNAT, la PROFEPA y la SDS han impuesto multas y medidas correctivas, el abogado del caso también señaló que, por parte del Ayuntamiento de Mérida, hay nula atención al seguir otorgando el permiso de funcionamiento.
“El Ayuntamiento, con tal de no acatar las suspensiones, presenta estos recursos. Pero el tribunal les declara infundados los recursos que presentan, ya que no tienen la razón del porqué están impugnando esas suspensiones. La Dirección de Finanzas y Desarrollo se niega a cumplir con las mismas, porque dicen que no tienen las facultades para paralizar las actividades de la granja. Pero la pregunta es: si tienen las facultades de otorgar permisos, ¿por qué no para cancelarlas?.
Orvelin Montiel Cortés - Subdirector de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública.
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¿Qué sigue en el marco legal para la comunidad de Santa María Chi?
Montiel Cortés señaló que lo siguiente es continuar con la defensa del poblado de Santa María Chi, y que harán todo lo posible para lograr la clausura definitiva de la granja, aunque desconoce cuánto tiempo tomará este proceso.
La deforestación, la contaminación del agua y el aire, y los riesgos a la salud pública son solo algunos de los daños evidentes que estas instalaciones generan.
En este contexto, la lucha de los habitantes de Santa María Chi y de los activistas sigue siendo crucial, ya que buscan garantizar que las granjas operen de manera responsable y respetuosa con el entorno.
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