Proponen en Edomex sancionar el despojo como delito grave
La iniciativa busca reconocer el despojo como delito grave y agilizar la restitución de inmuebles a sus legítimos propietarios.
Con el objetivo de frenar el incremento de casos de despojo en el Estado de México, el diputado local Octavio Martínez Vargas presentó una iniciativa que reforma el Código Penal estatal.
El planteamiento central consiste en elevar el despojo a la categoría de delito grave, endurecer las sanciones y permitir que el Ministerio Público recupere de forma inmediata la posesión del inmueble afectado, sin esperar una sentencia civil.
¿Cómo se castiga actualmente este delito?
Las penas actuales por despojo van de uno a cinco años de prisión y multas económicas de entre 30 y 125 días. La legislación vigente solo niega la libertad bajo fianza cuando se afecta un área natural protegida o se altera el cauce de aguas naturales.
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La nueva propuesta busca cerrar vacíos legales y responder con mayor contundencia ante una problemática que afecta a miles de personas.
¿Qué medidas contempla la reforma penal?
La iniciativa no solo eleva las sanciones, sino que amplía las situaciones consideradas como despojo. Propone incorporar los siguientes criterios:
- Actos cometidos con violencia física o amenazas.
- Ingresos forzados a inmuebles mediante rompimiento de cerraduras o puertas.
- Ocupaciones ilegales durante la ausencia del propietario legítimo.
- Uso de engaños, abuso de confianza o documentos falsos.
- Intervención ilegal de la fuerza pública sin orden judicial válida.
¿Qué impacto tendría en la defensa de los afectados?
Con los cambios propuestos, el Ministerio Público podrá solicitar al juez de control la restitución inmediata del bien en un plazo máximo de 24 horas, siempre que el denunciante acredite la propiedad con documentación oficial.
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El juez tendrá un plazo de 48 horas para resolver, y podrá autorizar el uso de la fuerza pública si es necesario.
¿Qué otras conductas se sancionarán?
La reforma también incluye castigos para servidores públicos que retengan cuotas del ISSEMyM y para conductores que usen adhesivos de partidos políticos o movimientos sociales en sus vehículos para evadir obligaciones fiscales. En estos casos, las penas irán de uno a tres años de cárcel y sanciones económicas.
