Gobierno de Trump incluye a más de 6,000 migrantes en base de datos de fallecidos, según The Washington Post
La iniciativa fue impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como parte de una ofensiva contra programas migratorios
La administración del presidente Donald Trump ha clasificado como fallecidos a más de 6,000 inmigrantes vivos, la mayoría de origen latino, como parte de una estrategia para presionarlos a abandonar Estados Unidos.
La medida fue revelada por The Washington Post, con base en documentos internos y testimonios de funcionarios que pidieron mantener el anonimato.
Según el reporte, esta clasificación errónea no es un error administrativo, sino una decisión deliberada del gobierno federal para eliminar el acceso de estos migrantes a servicios básicos y forzarlos a la auto deportación.
Los nombres y números de Seguro Social de estas personas fueron ingresados en la “Death Master File”, una base de datos que se utiliza para registrar oficialmente a personas fallecidas en Estados Unidos.
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¿Qué busca la administración Trump al clasificar como muertos a miles de inmigrantes vivos?
Esta polémica acción anula el número de Seguro Social de los inmigrantes afectados, impidiendo que puedan trabajar legalmente, acceder a beneficios públicos como Medicare, Medicaid, seguros, créditos educativos o préstamos, y utilizar servicios financieros básicos como cuentas bancarias o tarjetas de crédito.
Un funcionario de la Casa Blanca, citado bajo condición de anonimato, explicó que esta es una herramienta para "presionar indirectamente" a los migrantes a abandonar el país por su propia cuenta:
“No se trata de deportarlos a la fuerza. Se trata de hacerles la vida tan complicada que decidan irse por sí mismos”.
Los afectados, al quedar en calidad de “muertos” en el sistema, también enfrentan obstáculos para conseguir empleo, rentar viviendas o incluso renovar licencias de conducir, ya que muchas instituciones se basan en el número de Seguro Social para validar la identidad de una persona.
¿Quién ordenó esta medida y cómo se implementó?
De acuerdo con The Washington Post, la iniciativa fue ordenada directamente por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en coordinación con el comisionado interino del Seguro Social, Leland Dudek. Ambos firmaron dos memorandos de entendimiento el pasado 7 de abril, instruyendo a sus agencias a comenzar con el proceso de reclasificación.
En una reciente reunión del Gabinete de Seguridad, Noem defendió la medida como una "acción necesaria para restaurar el control migratorio" y afirmó que no se trata de una violación de derechos, sino de una “depuración del sistema para evitar abusos y fraudes”.
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¿Quiénes son los migrantes afectados por esta política?
Este sistema permitía que personas provenientes de países con crisis humanitarias —como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela— pudieran ingresar de forma ordenada, con permisos de trabajo válidos por hasta dos años.
Según el informe, el Departamento de Seguridad Nacional revocó recientemente el estatus legal de miles de estos migrantes. Aunque contaban con documentos en regla, ahora figuran como fallecidos en el sistema federal, sin que se les haya notificado formalmente o brindado la oportunidad de apelar.
¿Qué consecuencias tendrá esta estrategia para los migrantes?
Un funcionario de una agencia federal indicó que, una vez que el sistema identifica a una persona como fallecida, sus beneficios sociales se cancelan automáticamente, y su identidad queda en una especie de“limbo administrativo”.
Los afectados no pueden renovar permisos, no son elegibles para asistencia médica, y corren el riesgo de perder su empleo al no poder demostrar su situación legal. Esta situación también podría afectar a sus familias, incluyendo hijos nacidos en el país.
Además, al quedar fuera del sistema, es casi imposible para estas personas iniciar cualquier trámite migratorio o presentar solicitudes de regularización.
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¿Qué respuesta han dado los tribunales y otras autoridades?
Aunque la administración Trump ha avanzado con esta táctica, un juez federal emitió una suspensión temporal para frenar la expulsión de cientos de miles de migrantes con estatus temporal, al considerar que podría violar derechos constitucionales y tratados internacionales.
El juez también señaló que, si bien el gobierno puede revisar y modificar políticas migratorias, no puede declarar muertas a personas vivas para alterar su estatus legal sin debido proceso.
¿Se ampliará esta medida a más migrantes?
Un funcionario cercano a la Casa Blanca reveló a The Washington Post que el gobierno planea inicialmente enfocarse en 92,000 inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, y luego extender la medida al resto de la población migrante sin condenas, especialmente si no logran cumplir con nuevos requisitos de registro.
Este jueves también venció el plazo obligatorio para que los extranjeros que lleven más de 30 días en el país se registren ante el gobierno federal. El incumplimiento de esta orden, advirtió la Casa Blanca, podría considerarse un delito federal, sancionable con multas y prisión.
La secretaria asistente del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en un mensaje oficial:
“Los inmigrantes ilegales deben SALIR AHORA y autodeportarse utilizando la aplicación CBP Home”.
