Investiga UIF a funcionarios de Calderón y Peña Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que investiga las operaciones realizadas por funcionarios de los gobiernos de Felipe Calderón y Enriqu
CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno Federal dio a conocer que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realiza una investigación en contra de funcionarios de las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El titular de UIF, Pablo Gómez reveló que son al menos 8 personas del gobierno de Felipe Calderón las que se encuentran bajo investigación, incluida Sonia Vargas Terreno, quien fuera directora General de Recursos Materiales de la extinta Policía Federal.
En el periodo de Calderón, Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del consejo de la Judicatura Federal, inexplicablemente, es responsable de la Firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares de los Estados Unidos. Todos los contratos fueron firmados en dólares
Pablo Gómez, - Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
También aparecen Rodrigo Esparza Cristerna, Facundo Rosas, Humberto Martinez, Rafael Avilez, Luis Cardenas Palomino y José Roberto Cardoso, también funcionarios de la policía federal, así como Eduardo Enrique Gomez García, director del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), quienes respectivamente habrían firmado contratos de entes 2.5 millones y 69.1 millones de dólares.
En lo que respecta al sexenio de EPN, Gómez señaló que son 7 implicados en operaciones presuntamente ilícitas.
Del CISEN, Eduardo Ímaz por un monto de 253 millones 51 mil 358 dólares de los Estados Unidos y 67 millones 200 pesos mexicanos. Por él organismo de presiones, Eduardo Guerrero Durán, por 88 millones de dólares y José Alberto Rodríguez Calderón por 26 millones 850 dólares y 221 millones 400 pesos
Pablo Gómez, - Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
También figuran en la lista ex funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
De acuerdo con la UIF ningún contrato cubrió con los señalamientos legales relativos a las investigaciones de mercado correspondientes pese a ser temas de seguridad nacional. Además, fueron acordados con empresas que formaban parte de un mismo conglomerado vinculado a Genaro García Luna.
JR
