Tamaulipas es de los 7 estados con riesgo en las elecciones del Poder Judicial, según México Evalúa
La violencia electoral podría alcanzar al poder judicial, debilitando aún más el Estado de derecho.
CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas. -Por primera vez en la historia del país, México elegirá cargos en el poder judicial federal y en 19 estados. Pero esta apertura democrática ocurre en un contexto alarmante de violencia político-criminal. El crimen organizado podría aprovechar el proceso para consolidar su control territorial e institucional.
Por primera vez en la historia del país, México elegirá cargos en el poder judicial federal y en 19 estados. Foto: Redes Sociales
¿Por qué son tan relevantes las elecciones judiciales de 2025?
En 2025, México celebrará por primera vez elecciones para ocupar cargos dentro del poder judicial federal y en los poderes judiciales locales de 19 entidades. Esta reforma marca un cambio profundo en la forma de designar a jueces y magistrados, con la promesa de hacer más accesible y democrático el sistema de justicia. Sin embargo, especialistas advierten que estas elecciones podrían convertirse en una oportunidad más para que el crimen organizado capture instituciones clave.
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La reforma tiene un claro componente político y ocurre sin un fortalecimiento previo de fiscalías ni policías. En consecuencia, se abre un nuevo flanco de vulnerabilidad en un país donde los procesos electorales ya se han convertido en terreno fértil para la violencia.
Las elecciones de 2024 fueron las más violentas de la historia moderna, con más de 550 víctimas registradas. Todo apunta a que el proceso judicial de 2025 podría seguir esa misma ruta si no se toman medidas urgentes.
especialistas advierten que estas elecciones podrían convertirse en una oportunidad más para que el crimen organizado capture instituciones clave.. Foto: Redes Sociales
¿Cómo opera la violencia político-criminal en los comicios?
La violencia político-criminal se manifiesta a través de amenazas, asesinatos, atentados, desapariciones y ataques armados. Su objetivo: influir en los procesos electorales, eliminar candidaturas incómodas, garantizar impunidad y controlar recursos públicos.
Este fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado drásticamente: entre 2021 y 2024, las agresiones crecieron 270%, y los homicidios 356%, según México Evalúa y Data Cívica.
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El crimen organizado no solo busca controlar alcaldías o legislaturas. Ahora ve en los jueces una vía directa para asegurar la impunidad de sus operaciones. La violencia se concentra especialmente a nivel municipal, donde ocho de cada diez agresiones fueron registradas en el último ciclo electoral.
Esto se debe a que las estructuras locales ofrecen información, protección e infraestructura útil para la explotación ilegal de mercados ilícitos como el narcotráfico, la trata, el robo de combustible y la extorsión.
Este fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado drásticamente: entre 2021 y 2024, las agresiones crecieron 270%. Foto: Redes Sociales
¿Qué medidas pueden tomarse para prevenir la violencia?
México Evalúa propone una estrategia de seguridad hiperfocalizada para reducir riesgos en las elecciones judiciales. Esta debe considerar tres niveles: espacial, individual e institucional. A nivel geográfico, es fundamental priorizar la protección en regiones con alta disputa criminal y mercados ilícitos múltiples. A nivel individual, deben protegerse las candidaturas que podrían afectar intereses criminales, especialmente jueces penales estatales. Y a nivel institucional, el resguardo debe estar a cargo de corporaciones con menor grado de infiltración, como la Guardia Nacional, descartando a policías locales capturadas.
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El análisis de riesgo realizado por México Evalúa identifica a Baja California con un riesgo muy alto de violencia político-criminal. Otros siete estados, entre ellos Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Colima, presentan un riesgo alto. Esta clasificación se basa en cuatro factores: número de disputas criminales, mercados ilícitos presentes, historial de violencia electoral reciente y cantidad de cargos judiciales en disputa.
El reloj corre: las campañas iniciaron el 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo. Sin una respuesta contundente por parte del Estado, este proceso judicial histórico corre el riesgo de ser manchado por la violencia, debilitando aún más la ya frágil estructura del Estado de derecho en México. La ciudadanía no solo debe elegir libremente, sino con garantías mínimas de seguridad y justicia.
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