¿De qué va la reforma sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos?
En la conferencia matutina del miércoles 21 de febrero, el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas explicó la iniciativa de reforma que busca reconocer a los pueblos originarios
CIUDAD DE MÉXICO.- Bajo el contexto del Día Internacional de la Lengua Materna, durante la conferencia matutina del miércoles 21 de febrero, se presentaron las recientes iniciativas de reformas para garantizar los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y pueblos afromexicanos.
Luisa Maria Alcalde inició con la presentación, quien indicó que Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), detallaría la iniciativa. Previo a ello, Alcalde especificó que es una iniciativa de reconocimiento a los pueblos y comunidades indigenas y afromexicanos, además de buscar la libre determinación, elección de autoridades o consulta libre.
Posteriormente, Regino tomó la palabra para explicar el “contenido y alcances” de la Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Para contextualizar dicha reforma, se expuso que, en México, existen 70 pueblos indígenas y uno afromexicano. Además, en el país se hablan 68 lenguas indígenas con 364 variantes, que son habladas por 7.3 millones de personas. Asimismo, 23 millones de personas se reconocen como indígenas, mientras que 2.5 millones se identifican como afromexicanas.
En ese sentido, Regino dijo que el primer punto de la iniciativa es reconocer a México como una nación pluricultural y multiétnica. Por ende, el punto más determinante de la reforma, es reconocer que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas son “sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”, con el fin de establecerse en el Artículo 2° de la Constitución.
Por ende, estos grupos tendrán “capacidad para ejercer sus derechos por sí mismos y tomar decisiones en sus Asambleas”, las cuales tendrán que ser respetadas por el Gobierno y la sociedad.
También, podrán nombrar y elegir a sus autoridades en Asambleas; sus actos y decisiones tendrán pleno valor jurídico; podrán realizar obras, acciones y proporcionar servicios públicos para el beneficios de su comunidad; recibir y administrar recursos públicos de manera directa; y defender sus derechos colectivos ante instancias jurídicas u otras autoridades.
Según lo explicado por Regino, la iniciativa busca modificar el actual estado del Artículo 2°, donde a estos grupos se les reconoce como “objeto de interés público”, por lo que ahora se busca que sean un “sujeto de derecho público”.
Es decir, actualmente son objeto de “protección, tutela y asistencia” de normas, políticas y acciones del Gobierno; cuestión que, con la iniciativa, buscan que tengan la capacidad plena para ejercer sus derechos y “establecer una relación de respeto, diálogo y coordinación con el Gobierno y la sociedad.”
Por tanto, en lo explicado por el titular del INPI, con el fin de la libre determinación y autonomía, se busca fortalecer:
- Ejercicio de sus formas de gobierno y organización social
- Jurisdicción indígena y la capacidad de ejercerla por sus autoridades
- Proteger el patrimonio cultural, lenguas indígenas y propiedad intelectual colectiva
- Participación en la construcción de modelos educativos
- Medicina tradicional y las personas que la ejercen
- Hábitat, bioculturalidad, integridad de sus tierras y lugares sagrados
- Desarrollo Integral
- Consulta y consentimiento libre, previo e informado.
Además, la iniciativa establece obligaciones para el Estado mexicano. Por un lado, deberá impulsar el desarrollo comunitario y regional. De igual modo, deberá asignar presupuesto que los pueblos y comunidades indígenas podrán administrar y ejercer directamente.
A la par, deberá proteger el patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva, así como que deberá garantizar la educación indígena, intercultural y bilingüe. A esto, se agrega que deberán proporcionarse servicios de salud con pertinencia cultural, a la vez de reconocer la medicina tradicional.
También, se deberán garantizar los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas. Adicionalmente, deberá construir y ampliar vías de comunicación, caminos artesanales, radiodifusión, telecomunicaciones e internet.
De igual manera, tendrán reconocer las formas organizativas de residentes y migrantes, así como el vínculo con sus comunidades de origen y, finalmente, celebrar consultas ante actos administrativos y legislativos “que sean susceptibles de afectarles”.
En adición, la iniciativa propone fortalecer el apartado C, añadiendo una definición constitucional de pueblos y comunidades afromexicanas, su carácter de “sujeto de derecho público” y para reconocer sus derechos específicos.
Además, se busca crear un apartado D, que reconozca y garantice los derechos a las mujeres indígenas y afromexicanas, para la participación, toma de decisiones, educación, salud, propiedad y posesión de tierra.
En añadidura a este apartado, se deberá reconocer y garantizar el fortalecimiento a derechos de la niñez adolescencia y juventud indígena a la salud, educación, tecnología, arte, cultura, deporte, capacitación para el trabajo en sus propias lenguas.
Por su parte, la Federación, entidades federativas y municipios deberán adoptar medidas para implementar dichos derechos:
Por un lado, deberán crear una ley general que establezca normas y mecanismos para asegurar el respeto y ejercicio de los derechos indígenas. Por su parte, deberán armonizar las constituciones y leyes de las entidades federativas, para asegurar su reconocimiento como sujetos de derecho público. A la vez, deberán realizar las modificaciones administrativas para adecuarlas a la Reforma.
Para finalizar, Regino aclaró que esta iniciativa de reforma se realizó al recoger los resultados con base a procesos de diálogo y consulta con pueblos indígenas y afromexicanos realizados de 2019 a 2021.
